Los casos transfronterizos añaden una capa de complejidad más allá del rastreo habitual. Los fondos pueden pasar por servicios sujetos a leyes distintas, a requisitos de transparencia distintos y a una disposición diferente a responder a una solicitud legal, y el rastro de una criptomoneda robada no respeta en absoluto las fronteras nacionales. Es habitual que los fondos pasen por varias jurisdicciones en cuestión de horas tras el robo original.
El trabajo técnico apenas cambia
El rastreo técnico en sí suele ser similar al de un caso de una sola jurisdicción. Una transacción que cruza hacia un servicio con sede en otro país sigue siendo una transacción, que se sigue de la misma forma que cualquier otra. Lo que cambia es todo lo que hay que hacer una vez que ese rastro efectivamente llega a algún sitio.
Reglas distintas para la misma solicitud
Una solicitud legal que obtiene una respuesta rápida de un servicio en un país puede quedar sin respuesta durante meses ante un servicio sujeto a un régimen regulatorio distinto. Los requisitos de transparencia, la legislación de protección de datos y la propia capacidad interna de cumplimiento de cada servicio varían de forma considerable según la jurisdicción, y una solicitud redactada para un sistema legal rara vez se traslada sin adaptaciones a otro.
Coordinar asesoría legal entre jurisdicciones
Una vez que los fondos se rastrean hasta un servicio en un país concreto, el siguiente paso suele implicar a un abogado cualificado en esa jurisdicción, que trabaja a partir de las mismas pruebas subyacentes en lugar de iniciar una investigación separada desde cero.
Una investigación única y continua, en lugar de esfuerzos separados que se reinician en cada jurisdicción, es casi siempre más eficaz, ya que preserva el contexto completo de cómo y cuándo se movieron los fondos de un país a otro.
Los casos transfronterizos toman más tiempo y conllevan más incertidumbre que los de una sola jurisdicción, pero un rastro continuo y bien documentado sigue mejorando de forma sustancial las probabilidades de un resultado útil, ya sea una cuenta bloqueada, una suma devuelta, o pruebas que respalden un proceso legal o penal más amplio.